Democracia Socialista denuncia campaña de persecución, acoso e intimidación del FBI

Se solidariza con el Comité de Solidaridad con Cuba y con la Brigada Juan Rius Rivera

El Comité de Solidaridad con Cuba (CSC) en Puerto Rico denunció en días recientes que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos inició una persecución contra integrantes del Comité y de la Brigada Juan Rius Rivera. Aunque ha sido común la persecución, el acoso y la intimidación del movimiento socialista e independentista en Puerto Rico, hace mucho que no veíamos una ofensiva como la desatada contra las compañeras y compañeros del CSC en estos días. El mes de julio pasado la Brigada viajó por primera vez luego de una pausa provocada por la pandemia COVID19. El CSC ha manifestado su apoyo al pueblo cubano, condenado el bloqueo de Estados Unidos y reafirmado los lazos de hermandad entre los pueblos de Cuba y Puerto Rico. Por más de tres décadas ha desafiado el bloqueo contra Cuba con expresiones concretas de solidaridad como la Brigada desde una perspectiva antiimperialista.

 

Cuba es un país asediado y el bloqueo es -para todos los efectos prácticos- una medida de guerra que se le ha impuesto a la economía cubana. La soberanía del pueblo cubano y la defensa de su revolución tienen un enemigo poderoso que insiste en derrocarlos bajo cualquier recurso posible. Luego de una exitosa revolución que desembocó en un gobierno y una economía socialistas, Cuba no ha dejado de enfrentar los ataques de los grandes intereses capitalistas y, en particular las embestidas más despiadas directamente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano tuvo la osadía de ejercer su derecho a la autodeterminación, de ejercer su soberanía y proponer un proyecto de sociedad alternativa a la sociedad capitalista. Una ofensa imperdonable para los grandes intereses capitalistas y para el imperialismo estadounidense. El bloqueo económico de ese país contra Cuba es el ataque más severo que se le ha dado al proyecto socialista, lo que ha impedido que se desarrolle a plenitud una economía planificada. Un ejemplo mucho más peligroso para esos grandes intereses. El bloqueo -como medida de guerra- tiene consecuencias directas sobre las condiciones materiales de amplios sectores en Cuba. Un ejemplo reciente puede palparse al comparar el deterioro acelerado producto del recrudecimiento del embargo por la administración Trump ante la relativa mejoría que experimentó el pueblo cubano con las modestas medidas aprobadas por la administración Obama.

 

Por eso, la solidaridad internacional es una pieza clave ante la difícil situación en la que se encuentra el país hermano. Esa es la tarea que ha asumido exitósamente el Comité de Solidaridad con Cuba. Denunciamos la campaña de persecución, acoso e intimidación del FBI contra las compañeras y compañeros del CSC y de la Brigada. Expresamos toda nuestra solidaridad y compromiso con su defensa. Sabemos que la campaña de persecución, acoso e intimidación contra las compañeras y los compañeros les dará mayor fuerza para continuar militantes en las luchas antiimperialistas e internacionalistas, y para seguir expresando de formas concretas la solidaridad con Cuba, con su pueblo y con su Revolución. ¡Alto a la represión!

¡Por unos servicios de salud sensibles, humanos y de calidad para la población LGBTTQIA+!

¡Por unos servicios de salud sensibles, humanos y de calidad para la población LGBTTQIA+!

Declaracion de Democracia Socialista

A escasas semanas de una exitosa y masiva parada de Orgullo Arcoiris, que fue aplaudida por millares de personas en su trayectoria, el Secretario de Salud de Puerto Rico, Carlos Mellado, eliminó una directriz que ordenaba educación sobre los temas de esta comunidad a medicxs y otrxs profesionales de la salud. Estos dos eventos demuestran la polarización creciente entre sectores que promueven una sociedad más abierta y democrática y sectores que promueven un retroceso en el área de los derechos democráticos.

La directriz, promulgada tan reciente como en el 2018, ordenaba dos horas de capacitación para todas las profesiones de la salud. El objetivo era “garantizar que profesionales de la salud tengan acceso al conocimiento y la promoción de las actitudes y conductas apropiadas para ofrecer servicios a la población LGBTTIQA+”.

La directriz respondía a una necesidad real de la comunidad LGBTTIQA+ en Puerto Rico. Un estudio de una institución universtaria local, publicado en el 2021, confirma, por ejemplo, el discrimen que sufren integrantes de la comunidad transgénero al solicitar servicios, entre ellos, los de salud. Este problema se hace más agudo cuando personas de ciertas creencias religiosas son quienes ofrecen los servicios de salud; el estudio descubre que, a mayor religiosidad (según definido por la investigación), mayor discriminación hacia la comunidad LGBTTIQA+. Múltiples estudios referenciados en dicha publicación así lo documentan.

El Secretario de Salud originalmente defendió la eliminación de la directriz al afirmar que fue un pedido de la propia comunidad médica. Hace unos días, se publicó en la prensa la demanda de varixs profesionales de la salud contra el gobierno por considerar la directriz como una ofensa a sus creencias religiosas (!!) y una violación de sus derechos constitucionales (!!!) al ser expuest@s a esta educación.

Sin embargo, ante las protestas de otros sectores de profesionales de la salud y de la comunidad LGBTTIQA+, el Secretario declaró que abriría un diálogo con la comunidad LGBTTIQA+ y restablecería dicha ordenanza.

Nuestra organización Democracia Socialista se solidariza con la comunidad LGBTTQIA+ en su reclamo al Secretario de Salud para que se reestablezca dicha educación, sumamente necesaria para obtener servicios de salud adecuados. Como socialistas, defendemos los derechos humanos y civiles de todas las personas, lo que incluye el derecho a unos servicios de salud públicos, accesibles, de calidad, con sensibilidad y adaptados a todas sus necesidades. Esperamos que el diálogo prometido por Mellado sea abierto y sincero, y que desemboque en resultados positivos con la reactivazión de las horas de capacitación sobre el ofrecimiento de servicios a la comunidad LGBTTIQA+. De no ser así, se tendrá que continuar con las denuncias, acciones y movilizaciones para hacer valer los derechos democráticos de todes.

###

En defensa de nuestras playas y costas

Democracia Socialista se une a los múltiples sectores políticos y de la ciudadanía para defender nuestro derecho a disfrutar de nuestras playas y costas. La lucha en defensa de nuestros recursos naturales es parte de la lucha amplia por acabar con esta sociedad que privilegia la ganancia privada sobre el bien común. Por eso, las luchas ambientales demuestran de manera insistente una contradicción entre los intereses públicos y los privados.

Un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) desenmascaró que, en el primer año de gobierno de Pedro Pierluisi y el Partido Nuevo Progresista, los permisos de construcción en los municipios costeros aumentaron en un 29%. El gobernador, además, rechazó una recomendación de su propia Comisión de Cambio Climático para que implementara una moratoria de construcción en las costas.

El gobierno no solo avala los proyectos destructores de nuestros recursos naturales, sino que utiliza las fuerzas represivas del Estado para defenderlos. Ya el año pasado había enviado la Fuerza de Choque de la Policía a Rincón para reprimir a lxs manifestantes que se oponían a que el condominio Sol y Playa reconstruyera una piscina en terrenos públicos. Nada indica que esta práctica cambiará en controversias futuras.

Todo esto se da en el marco de movimientos para privatizar nuestros recursos naturales en beneficio de una minoría a fin de lucrarse e incrementar su caudal, en su afán de lucro y codicia. Son las políticas neoliberales de convertir todo en mercancía capaz de generar ganancias para el capital, llevadas al terreno de los recursos naturales.

Se han circulado videos de playas en Dorado que han sido segregadas para evitar que el ciudadano de a pie pueda entrar en ellas, haciéndolas exclusivas para personas de alto poder económico. En Dorado, también, un empresario, casualmente generoso donante de muchos políticos de ambos partidos corporativos (PNP y PPD) y del alcalde de ese municipio, se enriquece comerciando con estos bienes de dominio público.

En otros casos, se privatiza el recurso natural, no para hacerlo fuente de lucro, sino únicamente para privar al pueblo del acceso a estos recursos naturales, y hacerlos propiedad de disfrute privado. El País pudo ver, hace algunas semanas, videos de una señora intentando prohibir el uso de la playa de Ocean Park, con todo el capricho y la arrogancia que acompaña a esta visión propietaria e individualista del entorno natural.

Esta situación de apropiación de los recursos naturales de la isla que resurge no es nueva, y abarca toda nuestra extensión territorial. Una lista corta incluiría la playa del Caribe Hilton, Vieques, La Parguera, Arecibo (La Cueva del Indio), Boquerón, San Juan (Escambrón), Paseo Caribe, Luquillo (Punta Banderas) y Santa Isabel (Playa Jauca).

Esta nueva etapa de privarnos de nuestros recursos naturales está avalada por la dictatorial Junta de Control Fiscal y el gobierno del Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático. Aunque estas tres fuerzas a veces entren en controversia en ocasiones, en última instancia representan una misma visión de mundo, unos mismos intereses de clase, por lo que son incapaces de superar los problemas y los retos ambientales que nos enfrentamos.

Nos unimos a todos los sectores dispuestos a luchar para hacerle frente a estas movidas que buscan enajenarnos de nuestras playas y costas. Endosamos el Primer Encuentro de Comunidades Costeras, a llevarse a cabo el próximo 26 de febrero en Toa Baja. Nos unimos al llamado a formar una organización nacional que agrupe, organice y apoye las diversas comunidades amenazadas por la continua ofensiva de individuos y sectores “pudientes” y depredadores, tanto locales como extranjeros, para privatizar nuestras playas y costas en violación a la ley y a la Constitución.Esperamos, también, que este frente único en defensa del ambiente pueda contar con un vehículo político del pueblo trabajador, que adelante sus intereses de clase y desplace a las fuerzas políticas actuales. Actualmente, existen medidas en la legislatura que buscan adelantar las luchas ambientales, imponiendo una moratoria en la construcción y facilitando procesos legales (al reconocer la legitimación activa) de controversias relaciondas al ambiente. Pero hace falta este vehículo para poder, de manera efectiva, no solo resistir estas medidas privatizadoras y destructoras sobre los recursos naturales, sino transformar radicalmente la manera en que la sociedad se acerca a su entorno natural.

¡Basta ya de entregarle nuestros recursos naturales a buitres y especuladores para enriquecerse con el patrimonio que nos corresponde a todas y todos!

¡Las playas son del pueblo!

¡Fuera las garras de los buitres de nuestros recursos naturales!